Más de 10.000 alojamientos turísticos irregulares en Canarias desaparecen de la plataforma Airbnb

La retirada de anuncios se enmarca en una estrategia más amplia que incluye inspecciones, sanciones y nuevas medidas legislativas.

El acuerdo firmado el pasado mes de abril entre el Gobierno de Canarias y Airbnb ha permitido retirar más de 10.000 anuncios de alojamientos turísticos que no cumplían la normativa en las islas. Con esta medida han desaparecido anuncios de tiendas de campaña en azoteas, minicampings en locales comerciales o furgonetas camperizadas.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, ha señalado que este paso refleja un cambio importante en la forma de gestionar el alquiler vacacional en el archipiélago. “Lo que hace un año ocupaba titulares en la prensa ya no está presente en Airbnb y pronto tampoco estará en otras plataformas con las que seguimos dialogando”.

Desde el pasado mes de abril, Airbnb ha notificado a todos los anfitriones de Canarias la obligación de registrarse, enviándoles recordatorios y guías para cumplir con la normativa. Según la consejera, este trabajo conjunto busca depurar la oferta ilegal y garantizar que los alojamientos turísticos sean seguros, legales y de calidad.

El proceso continuará en una segunda fase, centrada en las viviendas que aún carecen de número de registro oficial. La consejera explicó que en algunos casos se tratará de errores que podrán corregirse, mientras que en otros se tratará de alojamientos ilegales que deberán retirarse o cerrarse.

El Gobierno de Canarias recuerda que esta estrategia no es puntual, sino que se desarrollará en varias etapas: desde la eliminación de la oferta irregular en plataformas digitales hasta las labores de inspección, sanción y cierre de instalaciones.

Un modelo turístico sostenible

La hoja de ruta del Ejecutivo incluye nuevas medidas legislativas, como el proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, actualmente en tramitación, así como la puesta en marcha de planes de inspección más amplios en colaboración con Cabildos, Ayuntamientos y la Policía Autonómica.

“Es fundamental garantizar el cumplimiento de la legalidad en el ámbito turístico, porque no se trata solo de proteger al visitante, sino también de asegurar la calidad de vida de los residentes y la sostenibilidad del territorio”, concluyó la consejera.