Canarias estudia dar más poder a los ayuntamientos para regular el acceso a la vivienda
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La iniciativa busca consensuar un documento que permita a los ayuntamientos establecer medidas para favorecer la disponibilidad de vivienda y limitar la compra por parte de foráneos.

El Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) han acordado este martes la creación de una comisión de trabajo con el objetivo de diseñar los instrumentos necesarios que permitan a los ayuntamientos regular, en su ámbito municipal, el acceso a la vivienda. La medida pretende, por un lado, favorecer su disponibilidad y contribuir a fijar población, y por otro, limitar la adquisición de inmuebles por parte de foráneos.
Para que estas herramientas puedan ser aplicadas será necesario introducir modificaciones en la Ley estatal de Bases de Régimen Local. Según explicó el presidente autonómico, Fernando Clavijo, tras reunirse con el comité ejecutivo de la Fecam, se elaborará un documento de consenso en Canarias que será trasladado posteriormente a la Federación Española de Municipios y Provincias y, en última instancia, al Congreso de los Diputados.
La presidenta de la Fecam, Mari Brito, subrayó que el objetivo es ampliar las competencias de los municipios en materias como ordenación, actividad turística, tributaria o empadronamiento, siempre dentro del respeto a la autonomía local. “Cada ayuntamiento podrá valorar la conveniencia de aplicar estas medidas en función de su realidad”, señaló.
Tanto Clavijo como Brito coincidieron en que los gobiernos locales pueden desempeñar un papel clave en la gestión del problema de la vivienda y el reto demográfico, si bien corresponde al Estado definir el marco básico del régimen local y a las comunidades autónomas la ordenación del territorio.
Como referencia, Clavijo destacó experiencias ya aplicadas en ciudades españolas y europeas. Entre ellas, el caso de Bilbao, que ha calificado las viviendas de uso turístico como equipamientos en lugar de residenciales; Ámsterdam, que impone sanciones a las viviendas vacías más de seis meses y limita durante cuatro años el alquiler de las recién adquiridas; o Hamburgo y Berlín, que han desarrollado medidas de expropiación temporal de inmuebles desocupados.
En el ámbito internacional, Malta exige cinco años de residencia para adquirir una segunda vivienda y Dinamarca requiere haber vivido al menos cinco años en el país para poder comprar una propiedad.