Absueltos los tres implicados tras la denuncia por las obras de una pista agrícola en La Frontera

El tribunal absuelve al consejero insular Juan Pedro Sánchez (AHI), a un funcionario del Cabildo y a un ingeniero externo, al concluir que no hubo intencionalidad delictiva ni irregularidades penales en la tramitación del proyecto.

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto al consejero herreño Juan Pedro Sánchez (AHI), a un funcionario del Cabildo y a un ingeniero externo, en el procedimiento judicial abierto por presuntas irregularidades en las obras de acondicionamiento de la pista agrícola Malnombre-La Ladera, en el municipio de La Frontera.

Según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso El Hierro Hoy, el tribunal concluye que no se acreditó intencionalidad delictiva en la actuación de ninguno de los acusados y que el procedimiento administrativo seguido fue válido.

El fallo, fechado el pasado 20 de octubre de 2025 y notificada ayer a las partes, pone fin a un proceso iniciado hace más de cinco años tras una denuncia presentada ante la Fiscalía por el entonces consejero insular Luciano Eutimio Armas (NC). La Fiscalía solicitaba penas de prisión, multas e inhabilitaciones, además de la demolición de la pista, al entender que parte de la obra podía considerarse un nuevo trazado no amparada por la normativa urbanística.

Los hechos se remontan a 2015, cuando el Cabildo de El Hierro puso en marcha un programa de mejora de seis pistas agrícolas financiado a través del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), con el objetivo de facilitar el acceso a explotaciones agrarias y apoyar la actividad económica del sector primario. Entre los proyectos incluidos figuraba la mejora del camino que conecta las zonas de Malnombre y La Ladera, en el municipio de La Frontera.

De acuerdo con la documentación recogida en la sentencia, el proyecto fue redactado por un ingeniero de caminos contratado para este fin, supervisado por técnicos del Cabildo y aprobado definitivamente en sesión plenaria en mayo de 2017, tras contar con los informes favorables del Ayuntamiento de La Frontera y de los servicios técnicos insulares.

Posteriormente, en 2018, un nuevo informe técnico apuntó que parte del trazado podía tener la condición de vía de nuevo trazado, lo que dio lugar a la denuncia que derivó en el procedimiento penal. Durante el juicio, la acusación sostuvo que la actuación vulneraba la normativa territorial y urbanística, mientras que las defensas argumentaron que el expediente se había tramitado conforme a la normativa vigente y con todos los informes requeridos.

En su sentencia, el tribunal concluye que no se acreditó intencionalidad delictiva ni actuación arbitraria por parte de ninguno de los acusados. Señala que el procedimiento administrativo seguido fue válido y que el proyecto se ejecutó sobre un trazado preexistente, por lo que no puede considerarse una nueva vía contraria al planeamiento.

Respecto al funcionario insular, la Sala reconoce que existía un posible conflicto de intereses por su condición de propietario de una parcela en la zona, pero considera que no hubo aprovechamiento personal ni beneficio económico, limitando la incidencia a una cuestión de carácter administrativo y no penal.

La resolución también deja sin efecto cualquier medida de demolición o restitución del terreno, al considerar que la obra es legalizable conforme a la normativa del suelo rústico vigente. En su fallo, la Audiencia subraya que “la ilegalidad no siempre implica arbitrariedad”, citando la doctrina del Tribunal Supremo.

Con esta resolución, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife absuelve a los tres acusados de todos los delitos imputados y declara de oficio las costas procesales, concluyendo así un proceso iniciado hace más de cinco años.